El escándalo que actualmente causa revuelo en la sociedad cruceña podría revelarse mucho más dramáticamente en los próximos días, debido a que las redes de complicidad en torno al caso de los 800 ítems fantasma que eran asignados desde esa comuna podrían salpicar no sólo a una buena parte de sus políticos, la mayoría de ellos detractores del gobierno de Luis Arce, sino también a grupos de poder como las logias Toborochi y Los Caballeros del Oriente, cuya influencia se extiende a casi todas las dimensiones de la vida regional. Se trataría de un golpe importante para la oposición.

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra ha sido recientemente sacudida por lo que se presenta como uno de los más graves casos de corrupción municipal en su historia reciente. 800 partidas presupuestarias destinadas al pago de salarios de puestos de trabajo ficticios durante casi un lustro fueron reveladas después de que la esposa del principal acusado rompiera el silencio en medio de una querella familiar por la propiedad de un inmueble. Pero lo que al principio se presentó como un problema estrictamente doméstico arrastra hoy consigo a figuras clave de la política local enfrentadas con el gobierno nacional. El daño económico provocado al Estado asciende a millones de dólares, en un esquema delictivo cuyas dimensiones y duración difícilmente pudieron haber pasado por desapercibidas hasta para el más miope de los sistemas de justicia, lo cual implicaría la existencia de una red de complicidad que no podría haberse sostenido sin algún tipo de protecciones política y judicial. Algo que en tiempos de lawfare, como se nombra ahora a la judicialización de la política, podría tener consecuencias insospechadas en el escenario político nacional.

El caso

Se trata, pues, de un hecho de desvió de recursos públicos de casi tres millones de bolivianos mensuales durante cuatro años, en un orden de estafa piramidal que podría involucrar a cientos sino miles de personas que voluntariamente habrían prestado sus nombres a cambio de una ínfima remuneración, pero que las convertiría en cómplices de segundo grado de un caso de corrupción de innegable magnitud. 800 salarios mensuales que habrían sido malversados del presupuesto de la comuna cruceña, una de las ciudades más prósperas y pujantes del país. A sólo unos días de revelado el caso, dos ex autoridades ediles pasaron de ser testigos a denunciados, mientras la lista preliminar de sospechosos comprende más de una veintena de personas. El principal acusado ha abandonado el país, presentándose a sí mismo como un perseguido de algún tipo, mientras la reacción política y mediática no hace más que crecer.

Antonio Parada, ex jefe fe Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra durante las gestiones del controvertido ex alcalde Percy Fernández y su reemplazante interina Angélica Sosa, sería el principal responsable por el montaje de esta red delictiva. La clave del asunto reside en que dicho funcionario habría contado con el aval político de las máximas autoridades ediles desde 2008 hasta la fecha, e incluso antes, puesto que Rómulo Calvo, actual presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, la principal organización opositora al gobierno de Luis Arce Catacora, lo habría designado en otros cargos ya desde 2004, durante un interinato como burgomaestre cruceño. Calvo niega tener relación alguna con el implicado, quien en todo caso no actuó sólo, lo que justamente amenaza con salpicar a la clase política local, actualmente enfrentada al partido oficialista en control del Estado central.

La denuncia fue hecha públicamente por la esposa de Parada, Valeria Rodríguez, después de que su ex conyugue amenazara con privarla de un bien inmueble que disputaban tras su divorcio. Poco después de revelar el hecho de corrupción, Rodríguez sufrió una descompensación que la obligó a internarse en un hospital, algo muy frecuente entre personas involucradas con algún tipo de controversias. En todo caso, sus declaraciones no habrían sido las primeras en referirse al caso, puesto que ya desde hace meses, la administración del actual alcalde cruceño, Johnny Fernández, habría remitido una denuncia sobre éste hecho irregular a la fiscalía de dicho departamento, adjuntando más de 800 páginas de respaldo, pero sin recibir respuesta alguna. La actual Fiscal Departamental de Santa Cruz es Mirna Amparo Arancibia Belaunde, cuya ausencia en los medios resulta más que notable. Manuel Saavedra, concejal de ese municipio, advirtió en una entrevista televisiva que no hay manera que un hecho de corrupción de éstas dimensiones pase inadvertido, por lo cual reclamó una actuación más decidida por parte de la fiscalía distrital de su comuna.

Su alcance

Antonio Parada Vaca habría cobrado aquellos 800 salarios en su mayor parte, destinando pequeñas proporciones de los mismos a personas que habrían prestado sus nombres como supuestos funcionarios, pero recibiendo apenas entre 300 y 500 bs mensuales por dicha colaboración, mientras el principal autor intelectual del crimen habría percibido cerca de 3 millones de bolivianos mensuales, que equivaldrían a 35 millones de bolivianos anuales, poco más de cinco millones de dólares. El patrimonio de éste sujeto era de literalmente cero bolivianos cuando asumió el cargo de jefe de recursos humanos en 2008, y ya en 2013 habría realizado movimientos financieros de 170 mil dólares en Estados Unidos, donde adquirió una propiedad en el estado de Florida, además de otras adquisiciones dentro del país por montos superiores a los 250 mil bs. Un incremento en su patrimonio que resulta, para cualquier observador, aritméticamente imposible aun suponiendo de que su salario se hubiera duplicado legalmente mediante bonos y otras consideraciones.

Junto a él se encuentran implicados Guillermo Parada, Marisabel Parada Vaca De Villena, Guillermo Parada Vaca, Javier Carrasco Montero, Julio Cesar Herbas Aguilera, Javier Abraham y Cañedo Catacora, Patricio Solíz Ortiz, Bruno Sebastián Torrico Méndez, Yasmine Lizbet Flores Vargas, Guisela Yovana Alemán Uño y Mónica Cruz Toro. Mientras que este jueves, la Fiscalía cruceña solicitó imponer alertas migratorias  para los excaldes Angélica Sosa Arreaza y Percy Fernández Añez, además de Lucy Mariel López Quiroga, Rubén Darío Rivero Gallardo, Emilse Sigler Fernández, Jorge Humberto Ortiz Bruno, Nancy Roca Martínez, Jorge Luis Egüez Rivero, Rolando Pedro Rivera Correz, Percy Rojas Limón, Favián Egüez Hurtado, Fabiana Egüez Hurtado, Yaly Egüez Hurtado, Hernán Egüez Hurtado, Fabiola Egüez Hurtado, Ana María Egüez Hurtado, Ruvi Yndira Suárez Subirana y Sandra Velarde Casal. Un número de implicados que amenaza con multiplicarse en los próximos días, puesto que el caso implicaría la investigación de cerca de 3 mil funcionarios públicos en la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Pero además de los ex alcaldes Percy Fernández y Angélica Sosa, y del actual presidente cívico, Rómulo Calvo, el caso habría llamado la atención de otras figuras no menos polémicas de la política regional, tal como Jerjes Justiniano, notorio abogado local conocido por defender a un grupo de violadores en grupo pertenecientes a la clase alta de esa ciudad, y también ministro de Defensa durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, cargo del cual fue retirado debido a razones todavía no plenamente explicadas. Dicho gobierno fue denunciado por diferentes organismos internacionales por haber perpetrado miles de violaciones a los derechos humanos, incluyendo masacres, ejecuciones extrajudiciales, arrestos injustificados e hechos de tortura que todavía restan por ser investigados. En otras palabras, dicho caso de corrupción, que se presenta como el más grande de las últimas décadas y quizá de toda la historia del municipio, podría tener repercusiones en el propio escenario político nacional, al afectar a figuras opositoras al gobierno del MAS de alto relieve.

Una ciudad políticamente pequeña

Como no podía ser de otra forma, la reacción de la comunidad política nacional fue inmediata, con ex presidentes y autoridades departamentales expresando su repudio y condena, pero tratando de llevar agua a su molino al tratar de relacionar indirectamente al actual partido de gobierno, señalando que hubo una implícita alianza política entre el MAS y el gobierno de ese municipio en algún momento de la última década, o responsabilizando directamente al gobierno por la situación alarmante de la justicia en el país. Acusaciones, sin embargo, que no han sido respaldadas de ninguna forma, debido a que el principal sospechoso fue colocado en la jefatura encargada de la contratación de personal por parte del ejecutivo local, cuyas siglas eran, de hecho, opositoras al oficialismo nacional. De hecho, de acuerdo al diputado del MAS, Rolando Cuellar, serían asambleístas nacionales de CREEMOS, la segunda fuerza opositora al oficialismo en el órgano Legislativo, quienes se habrían beneficiado de la asignación de ítems desde la alcaldía de Santa Cruz, durante la época de campaña para los gobiernos subnacionales de principios de este año, entre ellos el actual diputado de ese partido, Oscar Michel, quien habría movilizado 12 contrataciones desde su curul.

Pero los encendidos discursos en las asambleas legislativas tanto a nivel nacional como en el departamento de Santa Cruz podrían terminar siendo los espacios menos relevantes para tratar la tormenta política que se avecina en caso de que las investigaciones salpiquen a políticos como Rómulo Calvo o al actual gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, quien se ha mostrado cauto en todas sus declaraciones al respecto, debido a que la sociedad cruceña es una particularmente cerrada en la cúspide de su élite política y económica. Irónicamente, uno de los denunciados, el ex alcalde Percy Fernández, fue durante la mayor parte de su carrera política, un fuerte detractor de la naturaleza sectaria de la sociedad cruceña, señalando a las logias o grupos de poder de esa región como los principales obstáculos de su comunidad. Santa Cruz, y particularmente Santa Cruz de la Sierra, son territorios donde la influencia de dos grupos, la Logia Toborochi, y su rival, Los Caballeros del Oriente, es tan amplia que abarca desde la vida comercial y empresarial del departamento, hasta círculos intelectuales y políticos dentro de los gobiernos subnacionales. El principal sustento de éstas élites proviene del negocio agropecuario, de donde provienen los más acérrimos detractores del gobierno, que también estuvieron duramente enfrentados entre sí entre 2010 y 2019, cuando decidieron unirse en el derrocamiento del gobierno de Evo Morales.

Tanto el actual gobernador, como su padre, al igual que el presidente cívico, Rómulo Calvo, son todos parte de aquella estructura piramidal que coloca a dichas logias en la cúspide. La sociedad cruceña, a pesar de habitar el departamento más grande del país tanto en términos demográficos como económicos, sigue siendo una sociedad fuertemente local y regionalista, donde un puñado de familias controlan la mayor parte de los recursos políticos y económicos, constituyéndose en verdaderas estructuras de poder informales pero relevantes. Un caso de ésta magnitud necesariamente implica a cooperación de actores con la capacidad de tomar decisiones importantes, en un lugar donde son pocos los que de verdad importan.

José Galindo * Es politólogo