Posiblemente el sector de la economía que más cambios estructurales tuvo durante el proceso popular que logró imponer la constitución de un Estado Plurinacional en Bolivia, fue el de hidrocarburos. La Nacionalización de estos recursos naturales marcó un hito en la organización del Estado permitiendo que la captación de los excedentes provenientes de esta actividad se transfiera a la economía, mediante la distribución de la Renta Petrolera.

Antes de la Nacionalización, durante el neoliberalismo (1993-2005) el promedio de ingreso como Renta Petrolera para el Estado era de 246,61 MMUDS/año, mientras que entre el 2006 al 2023, el monto es de 2.641 MMUSD/año (en promedio), es decir casi 11 veces más que durante ese periodo apátrida. Esta renta llegó a cada boliviano mediante obras que las gobernaciones, municipios y ministerios ejecutaron en todo el país, permitió el pago del Bono Juancito Pinto que redujo la deserción escolar, llegó a las universidades públicas que como nunca en su historia tuvieron disponibilidad de recursos para mejorar sus condiciones de enseñanza, llegó a los ancianos que reciben la Renta Dignidad, en fin, tuvo un rol decisivo en la transformación del país.

Todo esto, resultado de la apropiación del pueblo de uno de sus recursos naturales para beneficio de todo el país, incluso de aquellos que privilegiando los intereses de capitales oligárquicos nacionales y transnacionales se dedican permanentemente a cuestionar y criticar la Nacionalización de los Hidrocarburos.

Desde el movimiento popular, hay que generar una evaluación crítica de la actividad hidrocarburífera, estando conscientes que las dificultades por las que se atraviesa hoy vienen de larga data. El problema mayor ha sido la insuficiente inversión en actividades exploratorias. Evaluando los datos, vemos que esta deficiencia se inicia antes de la Nacionalización, cuando las petroleras privadas a cargo de la actividad poco hicieron por explorar el potencial hidrocarburífero del país.

El año 2005, antes de la Nacionalización, sólo el 23% de las inversiones en el upstream[1] estaban destinadas a la exploración. Entre el 2006-2015, (periodo del incremento sostenido de la actividad que llegó a generar un total de 31.500 MMUSD de Renta Petrolera hasta ese momento), aproximadamente 1.500 MMUSD fueron destinados a la exploración, el 25% de la inversión en exploración y explotación. Es decir, en los mejores momentos de la actividad, se mantuvo la estrategia de explotación de los recursos sin priorizar su reposición. [1] Exploración

Entre el 2016-2019, cuando ya es visible la reducción paulatina de la producción, se incrementa la participación de la inversión exploratoria al 49% del total del upstream. Es recién los últimos años, bajo la presidencia de Luis Arce, que este porcentaje de participación es preponderante en la actividad, llegando al 59%, con lo que varía de manera decisiva la composición de la inversión, priorizando la reposición de los recursos hidrocarburíferos.

Cuáles fueron los factores que motivaron este comportamiento durante el primer periodo de la Nacionalización, es un tema que debe ser debatido y esclarecido por los actores de ese tiempo.  Lo evidente es que las empresas operadoras de los campos, bajo la modalidad de contratos de servicios definidos en la Nacionalización, tenían particular interés en una rápida recuperación de sus inversiones, priorizadas para los primeros periodos de vida de los campos como lo estableció el anexo D de los contratos suscritos el 2006. Por su parte, el Estado priorizó la liquidez que le brindó la comercialización de los hidrocarburos, descuidando la sostenibilidad de la actividad.

La inversión en exploración y explotación estuvo fundamentalmente en manos de las empresas operadoras (68% entre el 2006-2019), es evidente entonces que los problemas existentes responden a una acción o inacción de los operadores y a la insuficiente intervención de YPFB en la actividad operativa.

La historia de los hidrocarburos en el país nos muestra que sólo la intervención directa del Estado en las actividades operativas permite contar con la producción y recursos para atender las necesidades energéticas, los operadores privados priorizarán siempre sus intereses particulares. Este periodo nos muestra también las limitaciones de los contratos de nacionalización bajo la modalidad de servicios. Sólo el fortalecimiento institucional y la decidida participación de YPFB en la actividad exploratoria y productiva puede brindar perspectivas en el mediano y largo plazo.

Este parece ser el camino que se asume los últimos años, cuando la inversión de YPFB en el upstream llega al 61%, sin embargo, no podemos desconocer que existen tendencias promovidas por actores conservadores ligados a intereses transnacionales, que buscan retornar al pasado y promueven cambios normativos para privatizar la actividad o por lo menos reducir la participación del Estado. Debemos estar alertas y defender la Nacionalización que, con sus luces y sombras, permitió la redistribución de los excedentes generados, llegando particularmente a los sectores más vulnerables.

[1] Exploración

Por María Luisa Auza Vidal