BOLIVIA: RESPIRANDO CORRUPCIÓN
Sólo pasaron seis meses desde que Jeanine Añez, quien fuera segunda vicepresidenta del Senado boliviano fue autoproclamada como presidenta interina. Posesionada con la banda presidencial de las manos de un militar, en contravención a los artículos 161 y 169 de la Constitución Política del Estado boliviano que limita la prelación presidencial, con una Asamblea Legislativa casi vacía que no cumplía con el mínimo quorum reglamentario correspondiente y una sede de gobierno patrullada por tanques, helicópteros y aviones militares. Hoy el mundo fija su atención en el mayor hecho de corrupción en tiempos de pandemia Covid -19, el desfalco millonario del caso respiradores con sobreprecio.
El gobierno ilegitimo e ilegal de Jeanine Añez encumbrado por Carlos Mesa, Oscar Ortiz y Fernando Camacho se caracterizó por su alto grado de represión militar, policial y paramilitar. Dos masacres, Sacaba y Senkata, han marcado la tónica de un gobierno que cuando mayor legitimidad perdía mayor represión imprimía a través de los aparatos coactivos y coercitivos que encumbraron un verdadero terrorismo de Estado. Situación repudiada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otros organismos internacionales de protección a los derechos humanos y a la libertad de expresión.
El caso de los 170 respiradores básicos de la empresa Innova con un precio en el mercado de $us. 6.500 por unidad, adquiridos por el gobierno boliviano en $us. 29.000 cada uno, no solamente demuestra un acto de sobreprecio y daño económico al Estado en época de emergencia sanitaria por la pandemia, sino que refleja también la naturalización de los actos de corrupción, ya que este no es el primero en la corta gestión de Añez. Algunos de los casos de corrupción más connotados en sólo seis meses fueron: el desfalco millonario a la empresa estatal de telecomunicaciones Entel, actos de corrupción en la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desmantelamiento de la Empresa Aérea Boliviana (BoA), venta de cargos en el Ministerio de Minería, Aduana Nacional y Ministerio de Educación, sobornos y favorecimiento ilícito en los Ministerios de Cultura y de Comunicación, entre otros casos, todos de conocimiento público.
El gobierno de Jeanine Añez respira corrupción. En sólo seis meses, cuatro directores han pasado por la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM) del Ministerio de Salud. Agencia estatal encargada de los proyectos de construcción de hospitales y su equipamiento; vinculada directamente con la compra de los 170 respiradores. Uno de los principales involucrados en el caso de corrupción es el ex ministro de salud, Marcelo Navajas reconocido por el sector privado de la salud en el país, dueño de clínicas privadas, médico de cabecera de la Embajada Norteamericana en Bolivia y férreo opositor al Sistema Único de Salud (SUS). Este ex ministro contrato para su defensa los servicios de la abogada Rosario Canedo ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia, procesada por el delito de prevaricato, quien como magistrada benefició a los propietarios del Banco del Sur condonándoles una deuda de seis millones de dólares con el Estado boliviano. También defendió al ex prefecto de La Paz Luis Alberto “chito” Valle quién tras quedar en libertad fugó del país ocasionando un daño económico al Estado cuantificable en doce millones de dólares.
El terrorismo de Estado que naturaliza la corrupción ha llegado al extremo de detener ilegalmente al juez Hugo Huacani Chambi quien era la autoridad judicial encargada de investigar el caso de corrupción de los respiradores con sobreprecio. La autoridad judicial fue detenida precisamente antes de la audiencia de medidas cautelares contra el ex ministro de salud, ex director de la AISEM, ex jefe de la unidad de contrataciones y dos consultores en línea del BID.
El gobierno de facto boliviano respira corrupción y Bolivia respira indignación.
