El golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019 ha descompuesto las condiciones para la continuación de un régimen democrático en Bolivia.

Jeaninne Añez a través de un golpe de Estado seguido de una forzada sucesión constitucional, en su condición de segunda vicepresidente interina del senado plurinacional, se ha autoproclamado presidente interina para “llenar el vacío de poder”. Esta situación de gobierno transitorio le obligaba a “pacificar al país y convocar a elecciones generales en el periodo de tres meses”. No hay pacificación. El Ministro de Gobierno no solo amenaza con la cárcel sino que inicia una “cacería” de opositores.

El 26 de noviembre se designa al Presidente del Tribunal Supremo Electoral TSE, y el 3 de enero este organismo señala como fecha de elecciones el 3 de mayo del 2020. El 21 de marzo, una vez que se conocen los primeros casos de coronavirus, el gobierno determina cuarentena rígida para evitar contagios y el TSE decide postergar las elecciones y señala que la nueva fecha será consensuada con los partidos políticos.

Han transcurrido 6 meses y medio del gobierno de Añez y en el marco de la emergencia sanitaria adopta medidas que no están dentro de sus atribuciones como haber roto relaciones con Cuba y Venezuela, paralización de los trabajos para industrialización de litio con una empresa alemana, libre comercialización de minerales, hipotecar al país con préstamos del Fondo Monetario Internacional.

Vemos con preocupación que no ha tenido la capacidad de responder a la emergencia sanitaria, por el contrario ha dado muestras palpables de trato discriminatorio a la población, evidentes privilegios familiares, falta de transparencia en el uso de recursos económicos, producto de donaciones internacionales para atender la pandemia, así como de recursos públicos, no ha podido esconder los escandalosos actos de corrupción en la compra de equipos e insumos para la emergencia sanitaria.

Somos testigos de la falta de implementación de hospitales, ausencia de laboratorios, carencia de medicamentos para atender a los enfermos, escasos test de detección de la enfermedad, excesivos gastos para alquilar salas de internación, se instalan espacios improvisados o no se reciben a los enfermos y los devuelven a sus domicilios donde el aislamiento físico no siempre es posible. Todo esto nos muestra un gobierno lleno de improvisaciones, sin determinación de prioridades, el personal de salud sin las condiciones apropiadas para atender enfermos, ausencia de capacidad de planificación y coordinación con organizaciones sociales y autoridades locales. Vemos con estupor lo que sucede en el Beni, departamento de donde proviene y al que representa la Presidente Añez, que se supone conoce la realidad y sus necesidades, por tanto también debía tener la capacidad de ofrecerle soluciones. Iniciamos una fase de cuarentena “flexible” cuando no parece que las condiciones para una adecuada y mayor demanda de atención estén dadas

Todas las manifestaciones públicas de descontento, de preocupación por la sobrevivencia de los y las bolivianas, denuncias de corrupción, etc. encuentran como respuesta: “el responsable de todo es el MAS,” o las amenazas con la cárcel del ministro Murillo. ¿Cómo piensa el gobierno defender nuestra salud y nuestras vidas, que dice, están por encima de sus intereses partidarios? No nos ha dado muestra alguna que sustente esta afirmación, por el contrario solo vemos acciones de CAMPAÑA ELECTORAL, de interés por mejorar la imagen de la señora Añez y de infundir temor.

No es solo el voto duro del MAS que pide elecciones, es la ciudadanía en su conjunto que reclama por las elecciones porque quiere “elegir” a quién nos ha de gobernar, en quien vamos a confiar nuestro futuro; no queremos que se sigan tomando medidas que a este accidental gobierno no le corresponden por su calidad de transitorio y porque está cuestionada su calidad política, técnica y ética. Porque aprovechando la pandemia está hipotecando el país y el futuro de nuestros hijos. No queremos el retorno de gobiernos serviles a intereses ajenos.

Por todo ello, el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de administrar las elecciones en la fecha ya definida, tomando en consideración todos los factores de riesgo sanitario, técnicos y legales, brindando todas las garantías democráticas, de respeto y protección de los Derechos Humanos, de comicios limpios y transparentes. Es indispensable darle al país estabilidad democrática que al momento no la tiene.

Laura Encinas
Cochabamba, junio de 2020