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Nuestra América es una expresión utilizada por José Martí y filósofos como Horacio Cerutti para referirse a Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, apropiándonos de nuestros propios territorios. Esta expresión es una contundente respuesta negativa a la teoría del “destino manifiesto” de Estados Unidos.

La teoría del “destino manifiesto” estadounidense fue planteada por John Quincy Adams y James Monroe en 1823. Fue seguida por William Walker y los filibusteros que pretendieron conquistar Nuestra América y anexarla a Estados Unidos, quienes fueron derrotados por un ejército centroamericano, liderado por el entonces presidente de Costa Rica Juanito Mora, en la Batalla de Rivas (11 de abril de 1856).

De acuerdo con la doctrina del “destino manifiesto”, Dios quiere que Estados Unidos extienda sus dominios por todo el territorio Americano y esto ha sido revelado por la divinidad a las personas estadounidenses. Por lo tanto, nadie puede entablar relaciones comerciales o de dominación en Nuestra América, si no es Estados Unidos y Estados Unidos tiene el derecho divino de establecer distintos tipos de dominación en los países de Nuestra América.

El sustento ontológico de esta dominación pareciera anclarse en épocas pasadas y argumentaciones obsoletas para la política, pero no es así. La política del “garrote” ha derivado de esa argumentación pseudo-teológica (que parece ser teológica o provenir de Dios, pero no lo es) y ha sido el argumento principal de la justificación de Estados Unidos para promover el afianzamiento de élites locales, conservadoras y neoliberales, en los países de Nuestra América y provocar golpes de estado tan atroces como el de Salvador Allende en Chile (1973) y otros más sistemáticos, como el de Manuel Zelaya en Honduras (2009) y el de Evo Morales en Bolivia (2019).

En síntesis, a partir de la doctrina del “destino manifiesto”, Estados Unidos ha mantenido un dominio inmoral en Nuestra América, aunque este dominio se nos presente como “políticamente correcto” e incluso inevitable, por las élites vasallas, incluso a través de los modelos de educación.

Las élites locales, vasallas de los Estados Unidos, se caracterizan porque mantienen el poder político de sus países mediante el ejercicio de la fuerza, presentada como legítima ante el mundo occidental o mediante la persuasión mediática y jurídica. Estos dos mecanismos se turna indiscriminadamente, dependiendo de las circunstancias y las características psicológicas de quienes predominan en esas élites conservadoras y neoliberales en cada momento histórico.

Estas élites también se caracterizan por defender los intereses de sus propias empresas, presentadas como si fueran “todo el sector empresarial” de sus países, y los intereses de las principales transnacionales estadounidenses, por encima de la libertad y los derechos humanos de los pueblos. Para lograrlo, buscan embrutecer a los sectores populares con una educación mínima u orientada al mercado, despojándola progresivamente de toda visión crítica y sustituyéndola por una creatividad comercial, muy funcional para generar mano de obra calificada para sus empresas y las empresas trasnacionales.

Las élites conservadoras y neoliberales que gobiernan en muchos países de Nuestra América también buscan privatizar todos los bienes y servicios del estado o aquellos mediante los cuales el estado garantice un acceso digno al agua, la salud, la electricidad, la educación, etc. Esto para poder extender sus empresas y los capitales trasnacionales en esos sectores y así aumentar su riqueza y un poder que tiende hacia el absolutismo y la tiranía.

Costa Rica es un país que presenta característica coyunturales difíciles de comprender desde la moralidad y la política social. Las élites conservadoras y neoliberales han arremetido históricamente contra de institucionalidad pública, pero no han podido privatizarla del todo, ya que los sectores populares tuvieron una identidad nacional muy arraigada en la fundación de estas instituciones y han tenido que generar un convencimiento progresivo e ir aumentando el uso de la fuerza represiva para imponer sus intereses y privatizar. En medio de la pandemia, instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), encargada de las pensiones y la atención médica nacional, ha sido fundamental para gestionar adecuadamente la contención de la pandemia del COVID-19. Pero incluso, ante un hecho que ha sido tan evidente en estas circunstancias, las élites y el gobierno continúan promoviendo la aceleración de la privatización de la CCSS y otras instituciones, aprovechando la desmovilización social y el aumento control policial, para hacerlo con una menor resistencia.

El rumbo económico de muchos países en Nuestra América ha sido definido por estas élites egoístas, retrógradas e inmorales. 

A partir de las políticas que impulsa del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), estas élites le han apostado al turismo, la inversión extranjera y el sector exportador como las principales actividades económicas y fuentes de empleo para los sectores populares. 

En contraste, han ido debilitando los servicios estatales, en sectores sensibles como la educación y la salud, y han abandonado, por considerar no rentables, otros modelos de economía solidaria y economías locales, destinadas a potenciar mejores condiciones de consumo básico y cultural local.

Por todas estas razones, el aislamiento social es política y económicamente muy peligroso para estos países. 

Desde la reducción de derechos laborales hasta la falta de empleo y la privatización amenazan con dar una estocada muy dura a la capacidad de consumo de las clases medias y aceleran las condiciones de pobreza de quienes, antes del COVID-19, ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad económica más extremas.

Esto implica que está aumentando la pobreza y el hambre en la región.

Antes de la pandemia, un tercio de la población en Nuestra América sufría las consecuencias de la inseguridad alimentaria y, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esta cifra aumentará drásticamente.

Esto se deberá a problemas relacionados con la producción y demanda de los alimentos, lo que impactará también los precios, acompañado de una reducción en la capacidad adquisitiva de las personas.

No solo en Nuestra América se preve este escenario. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha venido haciendo hincapié en una que el paro económico podría causar una pandemia de hambre, con efectos tan o más significativos que los del COVID-19.

En Nuestra América se proyecta que con el COVID-19, aumentará en un 35% la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza.

MSC. ESTEBAN PANIAGUA