Bajo esta sentencia, Paz Estenssoro en 1985 anunció el fin de la época de la minería, una actividad que dio gloria a Potosí y situó a Bolivia como principal productor de estaño. La marcha fúnebre de la minería estatal fue algo que se preparó desde la época de la misma nacionalización de las minas, ya que los mineros insurrectos habían impuesto la medida, frente a la vacilación del MNR.

Esta actitud de los neoliberales no era nueva: la lucha permanente de la nación contra la anti-nación. Lucha que se retrotrae a la época de la colonia, cuando concesionarios mineros buscaban liberarse de la tutela española y negociar libremente con el capitalismo inglés, o la Guerra del Pacífico donde un impuesto de 10 centavos fue tomado como agresión a la libre empresa. Tanto los conservadores de la plata como los liberales del estaño tenían una misma lógica cuando se trataba de apropiarse de la riqueza de los bolivianos y, a título de libre tránsito, renunciaron a la salida al mar. El nacionalismo del MNR ha dejado enterrada la memoria de Busch y Villarroel, cuyas trágicas muertes se originan en el control de las divisas de la minería por parte del Estado.

Quince años resistió el proletariado minero la agresión de 1985. Con resultado trágico, la fuerza laboral asalariada en la minería se redujo de 50.000 a menos de 2.000. Los yacimientos rentables y los proyectos en marcha de la Comibol fueron entregados a las transnacionales, que hoy se vanaglorian de “sus” proyectos: Manquiri, Bolívar, Porco, San Vicente, Choroma, Caracoles, Colquiri, Huanuni. Las minas conflictivas o marginales se las dieron a las cooperativas, que caen en la bolsa de las transnacionales al vender sus concentrados. Además, se suprimió la regalía minera, que es un derecho de las regiones por la explotación de un recurso natural.

Hoy la minería está pujante. En 2019 fue el principal rubro de exportación, con cerca de $us 4.000 millones anuales de valor exportado —concentrados, lingotes, joyas y desperdicios— , por lo que supera ampliamente a los hidrocarburos y la agroindustria. Sin embargo, Bolivia no vive de los minerales, exportar es simplemente sacar, sin que su valor vuelva al país. La renta minera no llega a 10%. Las operaciones mineras se han ensanchado y el Estado es incapaz de controlar la explotación ilegal y el juqueo; el surgimiento de comercializadoras privadas la viabiliza. Se mantiene la libre exportación de capitales, los exportadores no entregan las divisas al Banco Central. Se ha superado la monoproducción del estaño, se ha diversificado la minería, sin embargo se ha paralizado el proceso de fundición e industrialización. La fuerza laboral llega a 150.000 trabajadores, el 90% informal. Es la época del libre mercado: dejar hacer, dejar pasar, sin importar el costo.

¿Podemos esperar otra cosa? La esperanza nunca muere. El pueblo luchó contra el neoliberalismo, se forjó una nueva Constitución (2009) y recuperó su ajayu. “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”. “El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país”. “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas”. ”Industrialización de los recursos naturales para superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una base económica productiva, en el marco del desarrollo sostenible”.

Se atacó lo inmediato, lo irritable, la venta del gas: con la nacionalización, los hidrocarburos son de los bolivianos en boca de pozo, la renta petrolera es del 82% y se avanzó en su industrialización.

En el caso de la minería se formuló la Ley Minera 535 (2014) que cambia el régimen de concesiones por el de contrato administrativo minero, que no da derecho propietario, el dueño sigue siendo el Estado; los contratos deben aprobarse en la Asamblea Legislativa Plurinacional. La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) tiene como objetivo lograr el desarrollo productivo diversificado, la transformación de la matriz productiva minera, el desarrollo industrial y la generación de excedentes económicos. Los contratos de asociación que suscriba deben garantizar una participación igual o mayor al 55%. La empresa estatal deja de tener obligaciones de subvención con las cooperativas.

La Ley 535 fue promulgada en 2014, pero al presente no acaba de ponerse en vigencia. ¿Por qué? Mientras tanto golpea la consciencia el legado de Busch, Villarroel, Lechín, López, Édgar Ramírez.

Publicado en La Razón el 1 de marzo de 2021 / 01:07

   José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.