En cualquier parte del mundo un Censo de Población y Vivienda con alcance nacional, es un instrumento para la planificación y en Bolivia – por normativa no precisamente propia del Estado Plurinacional sino de raigambre republicana-neoliberal -, permite redistribuir el 25% de los ingresos tributarios nacionales como el “impuesto directo a los hidrocarburos” (IDH) a título de coparticipación entre los municipios, gobiernos autónomos y las universidades estatales, en función al número de habitantes que se cuantifica territorialmente. Hoy por hoy, la fechas de la ejecución y aplicación de dicho conteo poblacional están altamente “politizadas”.

Si bien todo fenómeno social es eminentemente político – de dicho conteo poblacional también resulta el número de diputados por Departamento en la Asamblea Plurinacional -, y no muestra una dicotomía real con lo “técnico”, la oligarquía en su expresión más fascistoide, racista, discriminadora y regionalista, instrumenta la fecha de realización del censo como pretexto para bloquear y paralizar desde ya más de veinte días las actividades económicas y la vida cotidiana de la gran mayoría de la población del área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz.

El frente oligárquico pretende seguir bloqueando al menos dicha ciudad, generando paralelamente, con empresarios grandes y medianos que ven afectadas sus ganancias al no poder exportar su producción ni explotar a sus trabajadores urbanos y rurales, un conflicto de intereses con su expresión actuante y movilizada fascistoide, es decir, el gobernador y los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz, “cívicos duros” y la paramilitar UJC (“Unión juvenil Cruceñista”), sumando a algunos sectores alienados, regionalistas y discriminadores en sentido racista de la ciudadanía.

A su vez, la resistencia y el movimiento popular con el cerco al área metropolitana de la ciudad de Santa Cruz y la toma de empresas de propiedad de la oligarquía por las organizaciones campesinas, vecinos de barrios populares, amas de casa, los cuenta-propias, transportistas y varios colectivos que al no poder generar su ingreso diario y ante el alza de precios, la carestía de alimentos y de otros bienes y servicios (educativos y de salud), va en ascenso y ganando conciencia en cuanto a los verdaderos intereses que mantiene la derecha bloqueadora.

Empero aunque la oligarquía subsidiaria del imperialismo, socia funcional de empresas transnacionales, latifundista, financiera-agroindustrial y antidemocrática quisiese repetir la asonada golpista “cívico”, policial-militar y mediática de octubre-noviembre de 2019 para ahogar al proceso de cambio e instaurar de nuevo la corrupción y el neoliberalismo, hoy no puede prosperar la arremetida de los mismos “cívicos” en el resto de las ciudades del oriente y occidente del país en procura de generalizar el “paro indefinido” y el falso conflicto de que se haga el censo en 2023.

En la ciudad de La Paz, salvo Arias y unas plataformas políticas, no existen movilizaciones;  Cochabamba donde el Sr. Reyes Villa y la derecha “democrática”, salvo grupos paramilitares de la autodenominada “resistencia cochala”, se mantienen expectantes; de Potosí que con el censo dada su alta emigración poblacional y pese a su secular demanda de federalismo perdería recursos por coparticipación y escaños parlamentarios; de Oruro, Sucre y Tarija la movilización popular ha ganado las calles y potencialmente tiende a articularse con el movimiento indígena campesino a tiempo que los trabajadores adquieren conciencia de clase para sí.

El llamado de la oligarquía “cruceña” a generalizar el conflicto a nivel nacional, es resistido por los sectores populares del resto del país y no obstante cierta debilidad de nuestro Gobierno, además del accionar de algunos sectores oportunistas que procuran el capitalismo salvaje e informal como los cooperativitas del oro, ADEPCOCA y grupos “clase medieros”, tiende a caer en “saco roto,” incluso en la propia Santa Cruz. Nueva y espontáneamente se articula y moviliza el frente popular con los vecinos de los barrios populares, las comunidades, federaciones y organizaciones, los trabajadores de overol y corbata, los campesinos, indígena-originarios, partidos y movimientos de izquierda como revolucionarios.

Sin embargo, la oligarquía nuevamente acumula fuerza y capacidad para generar violencia. Para ella salvo la democracia de “punto muerto” y sólo supuestamente “representativa” como la que estuvo vigente en Bolivia en los 20 años de gobiernos neoliberales, es totalmente indiferente el dilema entre una democracia popular, verazmente participativa y movilizada desde el pueblo hacia arriba o el fascismo. Por ello y más antes que después no se escapa la amenaza de un golpe de Estado o un pedido tendencioso de acortar el período de mandato del Gobierno democrático popular.

Es que la oligarquía y la burguesía criolla es siempre servil al imperialismo; es socia menor del capitalismo transnacional. Está siempre al acecho a cada momento para restaurar su poder político, ya que su poder económico incluso del 2006 hasta ahora, se ha visto incrementado no sólo en Bolivia sino en Latinoamérica. El imperialismo siempre cuidó y cuida con guerras de 1era. o de 4rta. generación lo que llaman su “patio trasero”, más aún, cuando en medio de la crisis sistémica se viene al menos pintando y configurando un mundo socio-económico y político, multipolar.

Paralizar un departamento como Santa Cruz que forma el 34% del producto interno bruto (PIB) nacional, ya está generando presiones inflacionarias, carestía y especulación, una caída real del PIB y una situación tal que a río revuelto pueden ganar los mismos pescadores de siempre: la propia burguesía-oligarquía y sus acólitos criollos serviles al imperialismo que en afán siempre ganancioso busca intervenir e imponernos sus políticas y modelos económicos para asfixiarnos y eliminarnos como nación.

No obstante, el descontento de los sectores populares junto a la experiencia política indígena y de los trabajadores del campo y la ciudad, se han articulado a diferencia de los anteriores conflictos propiciados por los “cívicos”. Han identificado en medio de la crisis por resolver, los intereses económicos y materiales como la fuente de poder real de las elites cruceñas como de la oligarquía en general: su poder económico e incluso y en ascenso, su poder político. Por esta razón, en Santa Cruz y sus provincias, los sectores más conscientes y avanzados han planteado que “si paran unos pararemos todos”, amenazando con paralizar su industria, tomar fábricas y latifundios, centros de acopio, bloquear almacenes o impedir la llegada de insumos.

El frente popular en su experiencia propia ve como los capitalistas siguen lucrando ante el incremento de las necesidades del pueblo. La expropiación o la toma de las fabricas privadas que son fuente de explotación y a la vez riqueza de la oligarquía y de los “cívicos cruceños”, es el camino para derrotar a los golpistas, antinacionales y antipopulares, y aunque no se concrete hoy, queda establecido que, si hubo un punto de inflexión en este conflicto, fue porque las banderas políticas del proletariado en general volvieron al escenario de la lucha de clases.

Por eso debe continuar la resistencia organizada y la movilización popular en calles y caminos, pero planteando la respuesta estructural del movimiento popular contra la burguesía nativa boliviana y el imperialismo, de lo contrario, nos pasaremos sobreviviendo asonadas golpistas al mismo tiempo que continúen detentando el poder económico suficiente para financiar y desestabilizar al proceso político boliviano que conquistado su soberanía y dignidad desde la nacionalización de los recursos naturales.

                                                                                                                  La Paz, 8 de noviembre de 2022

Por María Luisa Auza Vidal y Humberto S. Zambrana Calvimonte

RED DE ECONOMIA POLITICA