O la hipocresía de la derecha latinoamericana

De narco estados a narco imperios, es necesario sopesar la validez de algunas acusaciones a la luz de la historia y los datos reales de nuestras sociedades. Bolivia ciertamente forma parte del circuito del narcotráfico, pero tal vez no una tal imprescindible como le gustaría creer a algunos, quienes, de todos modos, no pueden responderse porqué son, de hecho, los gobiernos de derecha los que probadamente han estado más involucrados en éste tipo de actividades ilícitas. El mito de la narco Bolivia debe ser desmentido.

El término narco-estado es recurrente en el discurso de la derecha latinoamericana, particularmente cuando se refiere a casos como los de Bolivia, Cuba o Venezuela, sin proporcionar evidencia alguna sobre una supuesta colaboración entre los gobiernos de éstos países y el crimen organizado. No es una categoría con mucho valor explicativo, por lo tanto, pero sí políticamente efectiva cuando se trata de deslegitimar a los adversarios. Pero aún si decidiéramos otorgarle cierta credibilidad, nos encontraríamos con la paradójica situación de que no serían los gobiernos de corte izquierdista los principales sospechosos de contribuir con inundar de drogas al planeta, sino justamente los sectores más reaccionarios del continente, que son, a la postre, los principales aliados de los Estados Unidos en la región.

Pero antes de describir la ironía en la que caen muchos detractores de la izquierda latinoamericana cada vez que acusan a sus adversarios de estar relacionados con el narcotráfico, expliquemos un poco a qué se refiere el término compuesto narco-estado, que puede sonar como una derivación inevitable en la trivialización del problema del narcotráfico, que nos ha legado otros términos igual de pegajosos, pero escasamente explicativos como narco vínculos, narco avión, narco empleos y demás.

Un índice provisional para narco – estados

El término narco estado es de origen reciente, tan reciente como 2010, cuando Guinea Bissau fue designada como tal, al haber sido casi completamente capturada por el narcotráfico proveniente de Latinoamérica, para convertirse desde ese momento en una nueva pista de despegue hacia los mercados de Europa y, en menor medida, de Asia. Taxonómicamente, los narco-estados serían una variación o un sub género de estados – fallidos, otra denominación de la academia estadounidense para referirse a países que muchas veces no coinciden con sus intereses estratégicos, más allá de la validez académica que pueda tener.

Un narco estado, por lo tanto, es un Estado fallido, un Estado que no funciona, y que se encuentra controlado por las redes del tráfico de drogas en todos sus niveles, desde la economía que provee sustento a los hogares, hasta los puestos de autoridad política que administran la sociedad, aunque en diferentes niveles.

No existe, sin embargo, un narco-state index o índice de narco estados, como sí existe, por otra parte, un ranking para países productores o consumidores de drogas ilícitas, donde Colombia y Estados Unidos ocupan los primeros lugares de ambos extremos, respectivamente. Lo que significa que no se han elaborado, todavía, una relación de criterios suficientes como para poder señalar qué Estado se encuentra atrapado en las redes del narcotráfico y cual no. Por el momento, la arbitrariedad en éste tipo de clasificaciones es la regla, sobre todo cuando el jurado es el principal mercado para todo tipo de drogas ilícitas que puedan existir, desde la cocaína colombiana hasta el opio afgano. Nos referimos, obviamente, a los EEUU.

Lo que se llama un narco estado depende mucho de quien haga la categorización, tomando en cuenta que las redes del narcotráfico, si nos atenemos al último Reporte sobre las Drogas de 2021 de la Oficina contra las Drogas y el Crimen de las Naciones Unidas (UNODC, por sus siglas en inglés), se encuentran extendidas desde Latinoamérica hasta Oceanía, con los principales consumidores de cocaína y otras drogas, casi todas las recreacionales en general, ubicados en Norteamérica y Europa, mientras la producción de drogas, desde cocaína hasta heroína, está dispersa sobre todo el mundo subdesarrollado, es decir, América Latina, Asia y África. No obstante, es difícil pensar en un solo rincón del planeta donde no operen narcotraficantes en sus diferentes niveles, ya sea la producción, el transporte o la comercialización para su consumo, con las notable excepciones de la República de Cuba, Japón y Nueva Zelandia.

Por el momento, quedan solamente los siguientes tres parámetros todavía polemizables, sin embargo:

son estados cuyas principales autoridades políticas se encuentran directamente relacionadas con organizaciones narcotraficantes, tal como se sospecha, actualmente del ex presidente colombiano Álvaro Uribe o como probadamente terminó siendo el ex presidente hondureño, Porfirio Lobo. Recordemos, por otra parte, que Carlos Andres Añez Andrade, arrestado por cargos relacionados en 2017, es sobrino de la ex presidenta boliviana dudosamente constitucional Jeanine Añez. Dicha penetración en altas esferas de gobierno debe tener un carácter, además, institucional, lo que implica que es independiente del partido que esté en funciones de gobierno.

Son estados cuyos ingresos tanto fiscales como macroeconómicos y sociales provienen del narcotráfico, desde la creación de empleos hasta los salarios de los funcionarios públicos, pasando por negocios, etc., etc. El caso de Guinea Bissau puede ser tomado nuevamente como ejemplo, o ciertos estados en el norte de México o países caribeños como El Salvador donde el ingreso a una mara o pandilla también significa un alivio para salir de la pobreza. No es algo que el análisis del PIB pueda revelar, sin embargo, debido a la naturaleza justamente clandestina de éstas actividades.

Son estados donde las fuerzas del orden, desde el ejército y la policía, son incapaces de contener el poder de las organizaciones criminales que en los hechos crean lo que algunos llaman para-estatalidad, o la capacidad de constituirse en una alternativa al mismo Estado, lo que no sólo implica perder el monopolio de la fuerza sino también de la recaudación impositiva, así como del ejercicio de autoridad. El Estado existe formalmente, pero no en los hechos.

Apreciaciones generales

Ahora, antes de continuar, es necesario señalar que se trata de una categoría eminentemente política pero referida al campo de la economía, concretamente, de la economía política, que estudia, entre otras cosas, cómo generan riqueza los Estados y cómo la distribuyen. Un narco-estado, sería entonces, una sociedad fuertemente dependiente de los ingresos provenientes del tráfico de drogas, así como un Estado cuyas instituciones se encuentran penetradas por la influencia de ésta rama del crimen organizado. Para ser un narco-estado, entonces, la composición del Producto Interno Bruto (PIB) de un país debe corresponderse con alguna de las fases de la cadena productiva de alguna sustancia psicoactiva y, además, ilegal.

Por otra parte, no es sólo la dimensión macroeconómica la que nos ayudaría a entender el problema. El narcotráfico no es un problema doméstico, circunscrito a la epidemiología de adicciones de cada nación, sino un problema internacional. Específicamente, un problema de la economía internacional, razón por la cual éste campo de estudios se refiere al narcotráfico sólo como una manifestación más del lado ilícito de la globalización. Para entender el narcotráfico, debemos recorrer cada una de sus fases, desde la producción, hasta el transporte y el consumo, hablando en términos generales, así como a la división internacional del trabajo que organiza la función de diferentes Estados, y el conjunto de fenómenos políticos y sociales que emergen de éste conjunto de relaciones.

Finalmente, debemos tomar en cuenta que las drogas han sido, hasta ahora, subestimadas al momento de explicar el desarrollo de la humanidad, es decir su historia. Nada más natural que su influencia sobre sociedades enteras, ya sea en su aplicación para rituales religiosos, su comercialización a gran escala como principal industria nacional de algunos países o su gravamen fiscal para multiplicar los ingresos de las arcas de un Estado. Uno podría especular incluso acerca de una dimensión antropológica en el consumo de drogas, pero en lo que nos atañe acá destacaremos solamente que, desde el advenimiento de la época moderna, existe una relación estrecha entre la producción de drogas, su comercialización y la construcción de Estados y sociedades.

Para ser justos, entonces, se debe pensar en Inglaterra, como alguien ya anotó, como el primer no sólo narco-estado, sino como un verdadero narco imperio, al haber impulsado, durante la era victoriana, el consumo del opio que llevó, entre otras cosas, al sometimiento colonial del imperio chino, así como de otras partes del mundo, obligadas a comercializar y consumir éste psicotrópico. De la misma forma, el tráfico de molasa, como lo demuestra Peter Andreas, financió en gran parte la independencia de los EEUU, así como los gravámenes sobre los cigarrillos también alimentaron las arcas de Gran Bretaña durante las primeras décadas del Siglo XX.

¿Es Bolivia un narco estado?

Aclarado todo esto, pasemos a abordar el problema boliviano, en sus justas dimensiones.

Partamos del primer criterio, acerca de la penetración institucional de las redes del narcotráfico en Bolivia. Aunque ciertos municipios como San Matías o Magdalena actualmente están inmersos en los conflictos que trae consigo el narcotráfico, hasta el momento, ninguna autoridad representativa del nivel nacional ha sido arrestada o imputada por éste delito, particularmente las relacionadas al poder ejecutivo. Las acusaciones contra ex y actuales autoridades generalmente se refieren a encuentros fortuitos, que aún así deben ser explicados, con personas acusadas de éste delito, sin que pueda establecerse siquiera relaciones cercanas, con la excepción del caso de la sobrina de la ex presidenta Añez, claro.

En cuanto al segundo criterio, referido al grado de dependencia de una sociedad del narcotráfico, baste recordar que, aunque la economía boliviana ciertamente está caracterizada por la informalidad, la mayor parte de los empleos en Bolivia, ocho de cada diez para ser exactos, dependen del comercio, el transporte y la construcción, mientras que los otros dos dependen del sector público y del privado. Ni siquiera en regiones plenamente dedicadas al cultivo de la hoja de coca se puede decir que la estructura socioeconómica local depende de actividades ilícitas de por sí, siendo la coca un producto más, el principal pero no el único, de ciertos municipios, que también producen bienes agrícolas, frutícolas, ganaderos y, en general, dependientes de la tierra más que de laboratorios.

Y, finalmente, aunque es cierto que cinco comandantes de la policía fueron hallados culpables de estar relacionados con el narcotráfico en la última década y media, no puede decirse que la policía nacional haya sido totalmente capturada por ésta rama del crimen organizado, debido a que los niveles medios y bajos de la institución dependen de otros tipos de corrupción. Son, entonces, los altos mandos de la policía donde éste delito es más prevalente, dato preocupante y que pone en duda la integridad de la institución como tal, pero que no demuestra nada a nivel institucional. Las Fuerzas Armadas, por otra parte, al no estar involucradas en actividades de lucha contra el narcotráfico, tampoco son vulnerables a ser penetradas por éste, lo que indica una política antidrogas prudente por parte del gobierno. Huelga decir que, aunque la presencia del Estado es nula en algunas regiones del país, el famoso Estado con huecos, es difícil hablar de una para estatalidad plena en algunas regiones, sobre todo una de carácter narcotraficante. Sí existe un dominio territorial, no obstante, de otras ramas ilícitas de la economía, como el contrabando de bienes. Hecho que debe ser matizado por la extensión fronteriza del país.

Una crítica llena de hipocresía

La producción y consumo de estupefacientes pueden ser analizados desde múltiples perspectivas que van desde cuestiones relacionadas a la salud pública, el bienestar emocional, la violencia intrafamiliar, a otras más amplias y complejas como el crimen organizado, la economía ilícita, la construcción de estatalidad, las guerras comerciales, etc. Entre todos éstos enfoques, quizá el menos productivo se refiere a la crítica moralista que muchos medios y líderes de opinión hacen de éste fenómeno, simplificado hasta su deformación y desinformación, tal como se puede apreciar actualmente a partir de una rápida lectura de los titulares que la aprensión de Dávila ha impulsado desde hace varias semanas, referidas a la existencia de un supuesto narco – estado en Bolivia.

Se trata de reacciones muy similares a las de movimientos ultraconservadores que se dieron a inicios del Siglo XX en uno de los países más contradictorios en cuanto se refiere a la relación de prédica y práctica que haya habido en la historia de la humanidad. Nos referimos a los Estados Unidos de Norteamérica, cuya cruzada contra todo tipo de estimulantes y estupefacientes hicieron posible la promulgación de normas como el Acta Volstead, que inauguró los años de la Prohibición una vez concluida la Primera Guerra Mundial, así como la ilegalización de la marihuana y la cocaína, siguiendo la segunda; impulsando, al mismo tiempo, el surgimiento de organizaciones criminales que levantaron fortunas sobre el contrabando de éstos bienes de consumo de repente ilegalizados, como las mafias italoamericanas, irlandesas y otras. Dichos movimientos son una constante en la historia de los EEUU, desde la Liga de la Moral en los años 20s del siglo pasado, hasta la base republicana de la Mayoría Moral, que impulsó la actual guerra contra las drogas en los años de Reagan, sin que ello haya evitado que éste país sea actualmente el mayor consumidor de drogas en el mundo.

De hecho, uno de los aspectos más interesantes que pueden observarse en la historia de las drogas, tal como lo aprecia el politólogo Peter Andreas en su libro Killer High: a history of war in six drugs (o Dosis letal: una historia de la guerra en seis drogas), es cómo el patrón en el consumo de drogas de una sociedad o del mundo se modifica radicalmente dependiendo de la resolución de una guerra. Así, mientras la Primera Guerra Mundial fue seguida por un movimiento conservador que ilegalizó incluso el consumo de alcohol, la misma conflagración dio paso al consumo moderno de cigarrillos, más aptos para el combate y no menos perjudiciales para la salud, así como la ilegalización de la cocaína después de la Segunda Guerra Mundial, que era, de hecho, parte importante en la industria farmacéutica de los países del Eje. Una considerable parte de los criterios que utilizamos para categorizar una droga como aceptable o dañina se ve influida por la correlación de fuerzas que se de en una sociedad.

Nada de esto implica que nos e deba criticar el consumo de drogas por sus efectos en la salud pública. Las consecuencias de la adicción son siempre devastadoras a nivel personal como social, pero es en la discusión pública donde debemos cuidarnos de no caer en simplificaciones políticamente orientadas a legitimar a un bando sobre otro en la inevitable confrontación partidaria que toda sociedad atraviesa. En otras palabras, no es una cuestión de buenos contra malos.

José Galindo

*Es politólogo