Luis García Meza fue condenado en 1993 a 30 años de prisión sin derecho a indulto por genocidio y masacre sangrienta, además de otros delitos de gravedad, durante su gobierno de facto de 1980 -81. Gozó de privilegios tanto en su encierro como en un hospital militar donde supuestamente agonizaba.

José Ayaviri Siles era, como ahora, juez de ejecución penal, es decir encargado de hacer cumplir la condena del golpista García Meza. De puño y letra firmó las autorizaciones de internamiento médico del dictador, durante once años.

El juez carcelero solía justificarla permanencia de García Meza en que este estaba en punto terminal, cuando menos con 12 enfermedades, una de ellas cáncer. Sus afirmaciones estaban respaldadas con la firma de un médico forense.

La Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional (ASOFAMD) había denunciado que el ex dictador era beneficiado de privilegios en su encierro en la cárcel de Chonchocoro y el hospital militar.

Antes de morir en 2018, denunció mediante su abogado que el juez Ayaviri lo había extorsionado. El denunciado negó, pero admitió que autorizo su salida de prisión por 24 horas por razones domésticas.

José Ayaviri Siles, así como su colega de Rafael Alcón, enfrentan procesos penales por dar libertad condicional a reos rematados.