EL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL VIOLA LA CONSTITUCIÓN AL CAMBIAR DE FECHA DE ELECCIONES EXCEPCIONALES NORMADAS POR LEY

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En Bolivia existen dos tipos de elecciones, están los procesos electorales de mandato fijo que están establecidos en la Constitución Política del Estado, que se convocan a iniciativa del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con plazos específicos y las elecciones excepcionales convocadas mediante ley expresa en coordinación entre el poder Legislativo y Electoral, como es el caso de la próxima elección presidencial, por lo que el cambio de fechas anunciado vulneraría la norma y podría traer problemas legales para los miembros del tribunal.

El politólogo, Jorge Richter en una entrevista con la Red ATB, explicó, “la ley del Órgano Electoral Plurinacional, que en su artículo 24 inciso VII, señala claramente que tiene la facultad de convocar a procesos electorales de periodo fijo establecidos en la CPE, todos los demás procesos serán convocados mediante ley expresa según lo establecido en el régimen electoral”.

Recordó que las elecciones del pasado 20 de octubre de 2019, fueron de mandato fijo y que por la convulsión política que derivo en el golpe de Estado al presidente Evo Morales que lo obligó a renunciar y salir del país, se tuvo que recurrir a una ley expresa, la Ley 1266 de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales, a partir de esta norma se aprueban cuatro leyes para normar él proceso hasta la última que fija las elecciones en el 6 de septiembre.

“Es un periodo excepcional y pasa en una coordinación entre el poder legislativo y el órgano electoral, (…), se necesita una ley expresa y la independencia de poderes no significa, ni otorga facultades para dictar leyes al TSE”, dijo el analista que también advirtió que los vocales se arriesgan a problemas legales con procesos por incumplimiento a la ley.

Señaló que está decisión de pasar por alto la ley y no haber generado los consensos, puso a la gente de todos los sectores en apronte de movilización y que el país necesita de elecciones para avanzar en la resolución de la crisis sanitaria y política ante una gestión más que ineficiente en cuestión de salud por parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez.

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