Por Óscar Silva Flores

Han pasado algo más de 180 días desde aquella fatídica jornada en la que al pueblo boliviano le arrebataron su democracia y su gobierno legítimo. Pretendieron robarle sus sueños, sus ilusiones, su alegría y su porvenir a través de un golpe de Estado, edulcorado con una falsa retórica religiosa, pseudodemocrátrica, delincuencial y una careta de constitucionalismo “transitorio”. En seis meses la máscara se les ha caído.

Nunca fueron legales ni transitorios. Llegaron para apropiarse del país. De su gobierno, de sus recursos naturales, de sus empresas. En poco tiempo pusieron en evidencia cuáles eran sus verdaderas intenciones. Jamás les interesó la democracia.

Irrumpieron con violencia. 35 compatriotas murieron asesinados por las fuerzas golpistas, centenares detenidos y procesados sin prueba alguna, decenas de perseguidos por expresar sus ideas, exiliados y asilados secuestrados dentro de una legación diplomática, fueron algunas de las formas de sembrar el terror en la ciudadanía para consolidar su golpe.

En ningún momento pensaron en respetar la Constitución Política del Estado (CPE). La supuesta sucesión fue ilegal, por eso ahora impugnan la convocatoria a las elecciones, observan el funcionamiento del legislativo que supuestamente les dio legalidad, avasallan las autonomías municipales y departamentales. Aprueban decretos totalmente en contra de la CPE y las leyes vigentes.

No es casual. El plan era ese. Solo que no todo resultó como lo planearon, por su incapacidad. No llegaron a tomar el poder y devolverlo después de seis meses a quien gane las elecciones. Llegaron a palacio con la Biblia en la mano para devastarlo, para entregar la patria a la voracidad imperial. Ese fue el plan y no se irán antes de cumplir esa tarea. Poco o nada les interesa qué o quiénes queden en el camino.

Tampoco ha sido casual la forma en que se han manejado desde el primer día las empresas públicas. Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Boliviana de Aviación (BOA), Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), son víctimas del asalto de los golpistas. Las múltiples denuncias de corrupción en estas empresas, demostradas fehacientemente, no han tenido ninguna acción de parte de las autoridades encargadas de precautelar su patrimonio. Hacer la vista a un lado ha sido la constante en las autoridades, otorgando impunidad a los responsables de estos malos manejos.

Este manejo arbitrario se ha extendido también al órgano ejecutivo. Las denuncias hechas por el Ministro de Minería, a poco de dejar el cargo, o la inexistencia de información sobre las donaciones internacionales y las compras realizadas con motivo de la pandemia. El manejo de los recursos sustraídos del Banco Central, los préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y las irregularidades en el manejo administrativo del Ministerio de Defensa, para citar los más evidentes, no requieren mayor comentario.

La degradación en el manejo de la cosa pública ha llegado al entorno más próximo de la presidenta transitoria. El uso de aviones de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para trasladar invitados al cumpleaños de su hija, los fines de semana vacacionales o la gentileza de Yerko Núñez en trasladar a una reina de belleza, enredándose en explicaciones que nadie se las creyó, son solo una muestra.

Al parecer el plan inicial de quienes armaron el golpe no lo conocían algunos de sus aliados que ahora salen a criticar al Gobierno, a sugerir concertaciones o cambios de rumbo, mostrándose sorprendidos con lo que está pasando. Los medios de comunicación y la Iglesia católica, pilares fundamentales de la arremetida golpista, empiezan a tomar distancia.

La fase II del golpe se inicia justamente el día 181. Saben que van de caída y por eso hay que acelerar la marcha. La pandemia les cayó como anillo al dedo, pero no pueden extenderla indefinidamente. Su único recurso es la fuerza y el terror. Mientras puedan mantener a su lado a policías y militares, se sostendrán en el poder. Para ello no escatimarán esfuerzos de ninguna naturaleza por muy antidemocráticos, ilegales e ilegítimos que sean.