Por Miguel Jaimes

Atención, ciudadano

Dr. Tarek William Saabb

Fiscal General de la República

Su despacho.-

Apreciado Fiscal, si algo es urgente para Venezuela y su negocio petrolero a través de su estatal PDVSA es la creación desde la Fiscalía General de la Republica, de una fiscalía especial que de respuesta a los delitos cometidos en contra de los intereses nacionales del petróleo.

Por supuesto esta fiscalía debe ir acompañada con otra importante creación: tribunales especializados. Me refiero a la conformación de equipos aptos de expertos -desde mínimos a máximos detalles-, que logren advertir, evaluar, investigar, formular y sentenciar a los responsables de cualquier daño patrimonial interno o externo, nacional o internacional, que vayan en contra de la Estatal Venezolana y los cuales comprometan la hacienda de tan importante empresa.

Incluso, llegar a la constitución de una Sala Penal Petrolera en el Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-. Es sano para nuestra naciente República evaluar si podemos llegar a su conformación. Dicha instancia estará conformada por Magistrados especializados, los cuales estén capacitados para dar respuestas inmediatas a las más importantes decisiones, interpretaciones y defensa de los libres intereses provenientes de contratos nacionales e internacionales, juzgar, reafirmar sentencias y cualquier otro elemento garante de sus decisiones.

Pero qué elementos pueden llegar a justificar la creación de una Fiscalía que atienda de forma eficiente e inmediata cualquier delito -dolo- cometido y el cual comprometa los intereses y el acervo en PDVSA.

Hasta hace no menos de cuatro años atrás la producción de crudo bordeaba alrededor de los 3 tres millones 475 mil barriles diarios de crudo. Debido a varios factores, entre ellos el bloqueo por parte (unilateralmente) del gobierno de EE.UU., más algunos hechos técnicos, financieros, técnicos y de personal, llevaron a PDVSA a la imputación ante el Ministerio Público de más de 1200 empleados de la industria petrolera involucrados de forma directa en el deterioro del patrimonio de la industria. Acá se corre el riesgo por desconocimiento e inexperiencia jurídica, donde los responsables de desviaciones no se les aplique la calificación específica, pues quienes imputan no poseen una gran experiencia en lo estratégico de la industria del petróleo.

Los aportes directos de PDVSA, los cuales provienen del negocio de sus colocaciones -ventas de petróleo a otras naciones-, son enviados directamente al fisco nacional por intermedio del Impuesto sobre la resta, regalías y otras cargas, las cuales recibe periódicamente la nación. Todas estas acciones administrativas superan y comprometen los ingresos de la nación con el 97% de los dólares que ingresan a Venezuela, todos provenientes de la llamada y conocida renta petrolera.

El mayor patrimonial —puertos, refinerías, terminales, poliductos y demás— del petróleo nacional e internacional que tiene la república están bajo la administración de PDVSA.

Desde su valor bajo tierra, el petróleo tiene un precio impresionante y al extraerlo su costo se multiplica sin importar el mercado donde éste se negocie, por lo versátil de su trasformación. Por esto el petróleo es un bien patrimonial para la república y sus ciudadanos pues de este vamos a vivir en los próximos siglos y por tanto debe cuidarse su uso y vigilar sus ganancias pues estas se traducen en financiamiento y forma de mantenernos.

Debe tener muy en cuenta el poder jurídico nacional depositado en tribunales y fiscalía que, las actuales reservas de la República ascienden en la Faja Petrolífera del Orinoco a más de 340 mil millones de barriles y eso es un valor estratégico y geopolítico nacional e internacional.