1. La estabilidad laboral es un derecho protegido por la CPE.

En Bolivia desde el  7 de febrero de 2009, rige un Estado Constitucional de Derecho, que asume con una posición principista el carácter protectivo de los derechos laborales desde el propio Estado; es por ello que el artículo 49 parágrafo III de la norma fundamental establece taxativamente que “El Estado protegerá la estabilidad laboral. Se prohíbe el despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las sanciones correspondientes”, y es en razón de tal mandato que las fuentes laborales gozan de especial protección, imponiéndose el derecho de la estabilidad laboral, por tanto, no puede existir un despido o desvinculación que no  estén debidamente justificadas, en nuestro caso, sólo se puede despedir si los trabajadores hubiesen incurrido en alguna de las causales de despido establecidas en el artículo 16 de la Ley General del Trabajo. Por tanto, es un derecho plenamente vigente que no puede ser limitado ni coartado por disposiciones transitorias que rigen el estado de emergencia por la pandemia del COVD19.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, en fecha 08 de abril de 2020 ha emitido el Comunicado Nº 014/2020, por el que recuerda la vigencia de la Estabilidad Laboral en Bolivia, el régimen legal vigente sobre el pago de sueldos y salarios de los trabajadores y servidores públicos, y todo el personal que presta funciones en el sector público y privado dentro el territorio del Estado Boliviano, así como el carácter de cumplimiento obligatorio de las normas laborales. Estableciendo la prohibición de despido durante el proceso de cuarentena tanto para trabajadores del Estado como del sector público.

Como se señaló en principio, la norma constitucional prohíbe el despido injustificado de trabajadores, de ahí que los empleadores necesariamente deberán adecuar su accionar a las normas establecidas y no crear falsas figuras leguleyescas, aprovechado la emergencia sanitaria,  para echar a la calle a los trabajadores.

2. El gobierno no cumple sus propias normas.

Las primeras víctimas de los despidos injustificados son los trabajadores del Estado, aunque gocen de estabilidad e inamovilidad laboral, como el caso de los 500 docentes de las Escuelas Superiores de Formación Docente, que, como otros empleados públicos, fueron acusados de haber contraído un virus que les hace ver como “masistas”, además fueron señalados de herejes, ingenio  de la santa inquisición medieval, porque supuestamente difundieron el socialismo y el marxismo en sus clases y no haberse sujetado a la santa biblia del capitalismo: la doctrina neoliberal, del cual es sacerdote el actual Ministro de Educación.

El Ministerio de Trabajo, encargado de velar por el cumplimiento de las normas laborales, y, particularmente de la estabilidad laboral de los trabajadores público y privados, ha crucificado a sus propios herejes, despidiendo a decenas de trabajadores durante la cuarentena, sin respetar ni siquiera sus propios instructivos. Obviamente, siguiendo este ejemplo, en todas las instituciones estatales han despedido al personal técnico y contratado expertos en negocios turbios y ramas anexas. Hasta ahora, son más de 100.000 trabajadores del Estado que fueron echados a la calle.

Pero las nubes cargadas se asoman para los trabajadores de empresas estatales. Al margen de sus atribuciones y con el pretexto de enfrentar la crisis post-pandemia, tienen planes para acelerar la privatización de las empresas estatales, pues, para “ofrecer negocios rentables” deberán liberarse lo más pronto posible de cargas financieras (préstamos,  deudas tributarias, etc.) y de cargas sociales, que supone despido de trabajadores. Este peligro se cierne para los trabajadores mineros (Huanuni, Vinto, Colquiri, Coroico y otras), petroleros, de energía (ENDE, etc.), BOA y otras empresas estatales como CARTONBOL, YLB, fábricas de vidrio, cemento, etc., donde lamentablemente no se organizaron sindicatos por la miopía del gobierno de entonces, la experiencia demuestra que los mejores defensores son los propios trabajadores organizados.

3. La hora de la vendetta (venganza)

El COVID19, está sirviendo para que los “empleadores” del sector privado (Empresarios) sometan a los trabajadores a innumerables casos de abuso, recurriendo a la manipulación de las normas, todo ello con la complicidad del Ministerio de Trabajo, que ahora funciona como una oficina de “conciliación” habiendo abandonado el rol de hacer cumplir la norma laboral.

Con el pretexto de la crisis sanitaria, prácticamente, se han “flexibilizado las relaciones laborales”. Las empresas y sus abogados están utilizando diversas formas (triquiñuelas leguleyescas o trampas) para eludir las normas y despedir de manera injustificada a los trabajadores. 

• Existen despidos, únicamente a través de memorándum, donde se señala muchas veces una, dos y tres causales de despido, sin que haya el debido proceso al cual haya sometido el trabajador, eliminando el derecho a la defensa. Lo cual deriva en un despido injustificado.
• Bajo la figura de “retiro voluntario”, los empresarios están coaccionando a sus trabajadores para obligarles a firmar sus cartas de “renuncia”. Como es el caso de 150 trabajadores del Hotel Tajibos, cuyo principal accionista es Samuel Doria Medina. El 1 de junio les obligan a firmar cartas ya redactadas por los administradores. Ante la denuncia el Ministerio de Trabajo, guardo un silencio cómplice.
• Los “despidos indirectos” son innumerables y están siendo generalizados en varias fuentes de trabajo. El patrón arguyendo la difícil situación de la empresa por el COVID19, logra firmar un convenio rebajando el salario de los trabajadores, pero sin ninguna cláusula que respete sus beneficios sociales logrados hasta ese momento por el trabajador y además señalando que a la conclusión del periodo se hará una evaluación del trabajador para saber si permanece o no la vinculación laboral. El despido indirecto es otra violación de las normas laborales.
• Otra argucia “leguleyesca” que inventaron los patrones para estafar sus salarios a los trabajadores es el uso obligatorio de vacaciones durante el periodo de la pandemia, en caso de no aceptar el trabajador, de por medio está la amenaza del despido.
• Las disposiciones del gobierno durante la emergencia sanitaria han reducido la jornada a 6 horas de trabajo. Los patrones, en su peculiar astucia, señalan que no pueden pagar el salario completo, obligando al trabajador a aceptar un salario reducido o aceptar la reposición de horas posteriormente. Otra forma de expropiar parte del salario.
• En otras empresas, bajo el argumento de que están viviendo situación deficitaria, están despidiendo trabajadores, es el caso de la Empresa Altifibers  que ha suspendido operaciones y desvinculado a 196 trabajadores. Todo esto en plena pandemia.

Es decir, que los empresarios están encontrando nuevas causales para despedir a los trabajadores fuera de las normas laborales y las están aplicando de manera unilateral. La estabilidad está vigente, las disposiciones que rigen la cuarentena no pueden ni deben diluir su vigencia y su cumplimiento insoslayable por los empleadores. Lamentablemente, el Ministerio de Trabajo, ahora tiene un enfoque pro-empresarial, al extremo de haber ordenado a sus inspectores derivar los casos hacia juicios laborales, donde los trabajadores suelen abandonar los casos por engorrosos y tardanza. Los trabajadores en la defensa de sus fuentes de trabajo, evidentemente deben recurrir al cumplimiento de las normas legales, por ejemplo, la Ley de Empresas Sociales, pero cuando desde el propio Estado se cierra las puertas a la justicia, la historia ha demostrado, que la acción directa en sus diversas modalidades está en la estrategia de los sindicatos. Para ello, es importante fortalecer las organizaciones sindicales desde las bases.

COLECTIVO REVOLUCIONARIO PLURINACIONAL