Marcos J. Farfan Farjat

La justicia, al igual que el conjunto del aparato del Estado, tiene, sin duda, un carácter de clase porque es parte de su condición de instrumento de dominación de una clase por otra como nos lo enseñaron Marx y Lenin.

En el caso boliviano, las cosas se tornan complejas, ya que existe un proceso popular que en muchos aspectos amenaza los intereses de la oligarquía constituida  aun  en clase dominante, a pesar de que una parte del Estado como es el gobierno o poder ejecutivo difiera de sus necesidades e intereses.

No obstante, la identidad del presidente Arce o del líder histórico Evo con las ideas socialistas, en los hechos Bolivia sigue siendo un país capitalista; es cierto que el pueblo dirigido por Evo Morales ha tomado medidas antimperialistas, revolucionarias trascendentales, como es la recuperación de los recursos naturales y la redistribución de la riqueza, pero el país sigue desenvolviéndose dentro una economía de mercado.

Y a pesar que el ejecutivo va corriente arriba, el resto del Estado no es más que reflejo de aquello, de forma que la justicia, los fiscales, la policía  o el ejército están estructurados orgánica e ideológicamente bajo esa dinámica y tenderán a responder a los intereses de la clase dominante, vale decir la oligarquía de terratenientes, banqueros y empresas petroleras y otros.

Por esta razón, si un proceso popular es antimperialista y revolucionaria, necesariamente deberá transformar las matrices de existencia orgánica política e ideológica de la justicia , fuerzas armadas y policía, ya que, quiérase o no, estas son el sustento del poder de la clase en ejercicio: Cuando es la burguesía son el sostén de ésta y cuando es el pueblo, deberán  sostener ese poder, pero teniendo muy en cuenta que de ninguna manera podrán ser las mismas ni orgánica, ni estructural, ni moral, ni ideológicamente, siendo imprescindible su reconstrucción.

Mientras tanto la Justicia, como las otras ramas del Estado, seguirán padeciendo los males y taras propios de los países capitalistas atrasados y dependientes, cuales son la corrupción, servidumbre u obsecuencia con el gobierno de turno, sea de derecha o izquierda, que derivan obligatoriamente en la parcialidad de los jueces.

Desde ese punto de vista en una sociedad de mercado, donde  día a día se debaten o enfrentan infinidad de intereses privados o de grandes poderes asociados al tráfico de tierras, al contrabando, al narcotráfico o a las finanzas, la justicia, el ejército y la policía serán objeto permanente del asecho de esas corporaciones y como a la mayoría de profesionales, las universidades, desde que abandonó hace treinta años su espíritu antimperialista, jamás les han enseñado que están estudiando para servir a la sociedad, sino que han entendido que su profesión debe ser el instrumento de lucro y riqueza para salir de la pobreza, colocan sus conocimientos y su moral al servicios del mejor postor sin ley ni fuerza que se los impida.

Con esa concepción un abogado, médico o lo que fuera, con las debidas  y honrosas excepciones, no le importará cual es el medio o la forma para ganar dinero y en tal sentido bienvenidas todas la coimas y sobornos del mundo.

Los países capitalistas desarrollados han optado por hacer valer el honor, leyes rígidas y buen sueldo ya que sus clases dominantes se manejan con códigos morales muy fuertes que cuando son violados el castigo es no solo penal sino moral para toda la familia. Mecanismo que ha creado el sistema para protegerse.

Pero en nuestro caso el Estado se resiste a la política de la alta remuneración que podría constituirse en su momento en un freno para que el juez deje de delinquir, pero paradójicamente se resiste también a la aplicación penas y sanciones duras.

Eso quiere decir que, ni con elecciones populares, ni con convocatorias meritocráticas podrá lograrse la idoneidad deseada de los jueces. Solo una profunda transformación en el conjunto del Estado poniéndolo al servicio pleno del poder popular, revolucionando el espíritu y moral de los profesionales se podrá cambiar la justicia.

Pero en el ámbito de lo posible, al parecer solo una dura política penal que como en Rusia o China y algunos países de Europa, sancione con la pena máxima al corrupto y le arrebate la totalidad de sus bienes, permitirá que el juez, fiscal, militar o funcionario público cualquiera, piense mucho, antes de corromperse, y como nadie se atreve a endurecer las penas, el logro valga la abundancia, de una justicia justa será sólo una utopía o una reforma más en la que se gaste un montón de dinero y se cuotee finalmente los cargos.