La sentencia es INAPELABLE

Murillo se declaró culpable de conspiración para lavar sobornos recibidos a cambio de ayudar de manera corrupta a una empresa estadounidense, para someterse a un juicio abreviado. Sus cómplices Bryan Berkman, Luis Berckman, Philip Lichtenfeld y Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal fueron condenados por los mismos delitos.
Dichos delitos estaban relacionados con el caso por la compra de material antidisturbios durante el régimen de Jeanine Añez. Estos agentes químicos habrían sido obtenidos mediante la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions, por el precio de 5,6 millones de dólares, sin embargo, la cifra real por la compra solo fue de 3,3 millones de dólares.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos (EEUU) al Sur de Florida, Miami, condenó al exministro Arturo Murillo a siete años de prisión, en el marco del juicio que se le instauró en ese país por los delitos de lavado de dinero y soborno.

“7 años de prisión en Estados Unidos para Arturo Murillo!!! Posteriormente se solicitará extradición para que responda por los delitos que cometió en Bolivia” (sic), escribió el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, en sus redes sociales.

El 20 de octubre de 2022, Murillo se declaró culpable en el marco de un acuerdo judicial, por el cual se le redujo la pena a ese tiempo de prisión, pues por lo general esos delitos se castigan con hasta 20 años de cárcel.

No obstante, si bien la condena se redujo a siete años, el veredicto es inapelable.

“Además de imponerse la pena, Murillo no podrá apelar la decisión, pues renunció a la apelación (…). Cuando se dicte la sentencia, adquirirá calidad de cosa juzgada, no podrá ser impugnada y pasará a cumplir la condena”, explicó Chávez.

Según las investigaciones, en 2020, el entonces ministro de Gobierno adquirió con sobreprecio un lote de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor, a través de la intermediaria norteamericana Bravo Tactical Solutions LLC (BTS).

Antes de que la presidenta transitoria Jeanine Áñez deje el poder, en noviembre de 2020, Murillo fugó de Bolivia y fue detenido a finales de mayo de 2021, en Estados Unidos.

En ese marco, fue acusado de lavado de dinero y sobornos, días después de que su exjefe de gabinete Sergio Méndez fuera procesado por los mismos delitos tras admitir el hecho.

Luego de su captura, Murillo fue investigado por la compra de material antidisturbios, por un valor de $us 5,6 millones. Según las pesquisas, en esa compra se detectó un sobreprecio de $us 2,3 millones.

De ese total, Murillo recibió al menos $us 532.000 en pagos por concepto de soborno de BTS, que tenía sede en Florida, según informó del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Se estableció que el exministro de Áñez usó bancos estadounidenses para movilizar esos recursos económicos.

Una vez en la cárcel, Murillo optó por ser juzgado por el “Gran Jurado” el 28 de noviembre del año pasado, empero, con la presentación de la “Acusación por Información” por parte de la Fiscalía de los Estados Unidos, cambió de estrategia de defensa.

Así, eligió adelantar la audiencia para el 20 de octubre y “señaló su decisión de declararse culpable aceptando todos los cargos levantados en su contra en los Estados Unidos”, informó la Procuraduría en ese entonces.

Chávez anunció además que este veredicto abre la ruta hacia el juicio civil, con el fin de recuperar los $us 532.000 en favor del Estado boliviano.

Asimismo, informó que están en curso los trámites de extradición para que sea juzgado en Bolivia, por otras denuncias que pesan en su contra.

“Esperemos que en ese trance, el Departamento de Justicia será el que autorice la extradición del señor Murillo”, agregó el Procurador.

Aunque aclaró que en este tipo de casos, cuando las personas cumplen su condena, son deportadas de Estados Unidos.

“De una u otra manera, Murillo debería estar aquí cuando cumpla su condena en Estados Unidos y luego atenerse a la Justicia boliviana, que le espera con varios procesos judiciales”, detalló Chávez.

Según la Fiscalía de ese país, el dinero fue repartido entre Murillo y cuatro de sus cómplices (Méndez, Luis Berkman, Bryan Berkman y Philip Lichtenfeld), además de un “funcionario” del Ministerio de Defensa, que se presume fue el exministro Luis Fernando López, hoy prófugo.