El mundo entero ha aplaudido de pie el trabajo en primera línea de los médicos, enfermeras y profesionales sanitarios que hacen frente a la pandemia. Miles de fotografías, murales, videos y canciones han circulado buscando rendir homenaje al personal de salud que combate al COVID-19. En Bolivia, todos lloramos la muerte del doctor Óscar Urenda porque simboliza la entrega en la lucha contra la pandemia. Muchos médicos han ofrendado su vida y muchos otros se han ganado nuestro respeto creando redes de atención gratuita y proporcionando no solo medicina contra la enfermedad, sino sobre todo contención emocional a una población llena de miedo y desinformación.

Pero hoy los profesionales en salud bolivianos pierden nuestro respeto ante la inhumana decisión de declararse en paro en plena pandemia. Ya nadie se siente inducido a colocar en su ventana un letrero que diga “yo apoyo a mi médico” porque su dirigencia ha demostrado no tener compasión por la salud y la vida del conjunto de la población. Nuestros queridos trabajadores en salud han perdido la batalla de la opinión pública porque los motivos que exponen para oponerse a la Ley de Emergencia Sanitaria representan privilegios de un gremio que pierden sentido frente a la dura realidad de una pandemia mundial. Por ello, es posible afirmar que el paro médico refleja la defensa a ultranza de un privilegio de casta inaceptable en tiempos de crisis sanitaria.

Esta dura afirmación se basa en comprender que la dirigencia médica ha convocado a una medida extrema de protesta buscando defender tres privilegios que se contraponen con el bien común.

El primero, el más cuestionable, es la defensa de que no haya límite en el costo de salvar nuestra vida. ¿Quién puede oponerse al control de precios en medicamentos y servicios sanitarios si hemos sido víctimas de los excesos de las clínicas privadas que exigían depósitos de entre $us 10.000 y 50.000 previa internación? Tal vez la dirigencia médica no comprende que las familias bolivianas, al hacer frente a la enfermedad, hemos consumido nuestros ahorros, estamos endeudados y, para enfrentar la especulación de precios en la atención medica solo nos queda invocar la solidaridad o la caridad de nuestros amigos.

Esta actitud explica por qué gran parte de enfermos de COVID-19 en Bolivia hemos recurrido a la medicina tradicional, a la ivermectina, al dióxido de cloro o a cualquier receta casera que nos aleje de un centro médico.

El segundo privilegio del que goza el sector de salud es el de vetar la política pública para defender sus intereses. Su derecho a la protesta no puede estar por encima del bien mayor como es la salud de la población. Como nunca podemos afirmar que, en tiempos de pandemia, la protesta expresada en un paro indefinido se constituye en un riesgo para la vida de todos los bolivianos.

Por último, un tercer privilegio que la dirigencia médica defiende es el derecho exclusivo de un conjunto limitado de personas a desarrollar su actividad en Bolivia, sin ninguna sensibilidad en tiempos excepcionales de pandemia. Necesitamos más personal en salud y si el Estado determina medidas excepcionales para contratarlos, debemos apoyar la disposición. La pandemia nos coloca en tiempos excepcionales y respetar a ultranza el derecho de exclusividad que impone el gremio médico es un monopolio inaceptable.

Es imperativo que los intereses gremiales sean puestos de lado en un momento como el actual, cuando se pone de manifiesto que salvar vidas es la principal función de la profesión médica. Queremos volver a aclamar de pie el espíritu humanista de quienes han decidido consagrar su vida a preservar la salud de la población.

Lourdes Montero es cientista social