Régimen de facto dejó perdidas millonarias
El régimen de facto dejó perdidas de Bs 8.965.988 a los medios de comunicación del Estado como Bolivia Tv, radio Patria Nueva y al Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) por el desmantelamiento de sus equipos, incumplimiento de contratos comerciales y contratación irregular de personal.
– Bolivia Tv suspendió sus emisiones durante 92 horas y 16 minutos que representaron una merma de Bs 5.721.169 por la no emisión de pauta publicitaria en varios programas.
– Radio Patria Nueva sufrió un perjuicio de Bs 962.500 porque se acallaron sus emisiones.
– Las RPOs sufrieron pérdidas de Bs 2.282.319 por daños a sus equipos de transmisión y otros. El régimen de facto acalló a 71 medios que forman parte de los RPOs.
La no emisión de los diferentes programas representó que 5.762.616 personas se vean privados de información, considerando además la epidemia del coronavirus.
El régimen de facto contrató a personas que no cumplían requisitos señalados en la Constitución Política del Estado (CPE) y otras normas en vigencia.
– Se contrató a Luis Humberto Vacaflor con un ítem que no corresponde a préstamo de servicios; se contrató a Cesar Pablo Llano pese a que no presenta título en provisión nacional en
Comunicación Social, no cuenta con experiencia específica en instituciones públicas y no registra asistencia a su fuente laboral durante 47 días.
– Se contrató a Diego Marcelo Ayo pese a que no cuenta experiencia de dos años en producción, no presenta documentos para formalizar la contratación, no registra asistencia a su fuente
de trabajo durante 110 días; en la regional de Bolivia Tv Cochabamba se contrató a Edwar Ayma Román pese a que no presenta su libreta de Servicio Militar, certificado de idioma nativo,
Registro Judicial de Antecedentes Judiciales (Rejap) y título en provisión nacional.
El régimen de facto también utilizó las instalaciones de Bolivia Tv Cochabamba como depósito de escudos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y otros.
Todos los funcionarios del régimen de facto que ocasionaron daño económico a los medios estatales incurrieron en los delitos de conducta antieconómica, atentados contra la seguridad de servicios públicos, incumplimiento de deberes, omisión de denuncia y otros.
A todas las personas involucradas se les ha pedido sus descargos, pero no los han presentado aún. Pueden todavía hacerlo, sin embargo, el Viceministerio de Comunicación iniciará las acciones correspondientes en el marco de sus responsabilidades y en las instancias correspondientes.
Los periodistas involucrados deben responder de sus actos en calidad de servidores públicos y no pueden alegar ningún fuero especial ni acogerse a la ley de imprenta, ya que se trata de hechos y delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.
Está costando muchos recursos y tiempo, al Estado, el devolver a los medios los equipos e instalaciones afectadas, pero es una obligación hacerlo para atender el derecho de la población de estar debidamente informada.
Se debe seguir investigando sobre todos los manejos realizados por el gobierno golpista en los medios estatales y en el propio Viceministerio de Comunicación, información que será hecho pública con el debido respaldo.
